A seis meses de la entrada en vigencia de la Ley 20.940 que moderniza el sistema de relaciones laborales, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Pablo Rojas, junto al director regional del Trabajo, Rubén Gajardo, realizaron un auspicioso balance de la normativa a nivel regional.
Las autoridades, destacaron que desde su implementación se puede descartar los escenarios de mayor conflictividad y judicialización.
Agregaron que durante 2016 de un total de 53 huelgas aprobadas que involucró a 5.096 trabajadores sólo el 7 fueron efectuadas, lo que significa un 3,7%. En tanto, desde la puesta en marcha de la reforma este número no ha aumentado.
También informaron que la Dirección del Trabajo ha efectuado 165 charlas a nivel regional respecto de la normativa, lo que significa contar con más de 3.200 actores laborales capacitados.
Desde el periodo abril-septiembre que entró en vigencia la ley, se han llevado a cabo 76 procesos de negociación colectiva mostrando una disminución en el promedio de negociaciones respecto al año pasado.
En cuanto a las estadísticas de servicios mínimos, se llegó a 13 acuerdos directos y 24 solicitudes a la Dirección Regional del Trabajo para resolver acuerdo entre las partes sobre esta materia.
El seremi del Trabajo, Pablo Rojas, sostuvo que la ley ha generado mejores relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, lo que demuestra que se está cumpliendo el espíritu de la normativa. “Gracias a esfuerzos de esta seremía se logró el primer acuerdo de servicios mínimos de la gran minería del cobre y primer contrato colectivo en el rubro, que ha sido ejemplo para la industria”, destacó.
El director regional del Trabajo, Rubén Gajardo, informó que ha tenido una buena acogida los requerimientos de servicios mínimos y en la región ha sido el sector minero el que lidera este tipo de solicitudes.
A nivel país, se mantiene la tendencia del último año en cuanto a disminuir las infracciones por reemplazo ilegal en huelga.
Las autoridades también destacaron que la Dirección del Trabajo ha cumplido en aplicar la normativa y sobre todo en el rol de calificar los servicios mínimos, uno de los temas nuevos que contenía la Ley e inédito en el país. Para ello, se aumentó la dotación del personal y se han realizado una serie de iniciativas para modernizar y fortalecer a la institución.