El Seremi del Trabajo y Previsión Social Joaquín Bascuñán junto al Seremi de Gobierno Mario González, destacaron la firma de la iniciativa que apunta a modernizar el Sistema de Relaciones Laborales en Chile y proteger a los trabajadores, cumpliendo así con lo comprometido en el programa de gobierno, proyecto que ahora queda en condiciones de ingresar a tramitación al Congreso Nacional.
En un punto de prensa, realizado en la Intendencia Regional en el que también participaron los directores regionales del Trabajo y del SENCE, Bascuñán recalcó que se trata de una iniciativa que apunta a mejorar la producción ya que perfecciona las condiciones de diálogo y negociación entre empleadores y trabajadores, generando una disminución de la conflictividad a través de una reglamentación clara.
“El proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales forma parte de una agenda laboral más amplia, que contempla iniciativas enfocadas a entregar más y mejores oportunidades de trabajo, considerando la calidad del empleo como factor fundamental, además de aumentar la participación laboral especialmente de mujeres y jóvenes y fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral, por lo que en definitiva hablamos de una agenda pro empleo” agregó la autoridad.
Bascuñán destacó que a este proyecto de ley, también se suman iniciativas que ya está implementando el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como el Programa + Capaz de formación en oficios para mujeres y jóvenes, el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo, la modernización del Sistema de Seguridad y Salud Laboral y el perfeccionamiento del Seguro de Cesantía, entre otros beneficios.
Por su parte, el titular de Gobierno en la Región, Mario González, señaló que “estamos abogando por generar empleos de calidad, con más estabilidad, seguridad laboral, mejores sueldos, en definitiva de protección social, sentar las bases de un sistema que pueda entregar dignidad a los trabajadores y trabajadoras.
Finalmente, el Seremi del Trabajo subrayó que para la elaboración de este proyecto, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social tomó en consideración estudios elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), OCDE y el diálogo con más de 100 representantes de empresarios (CPC, SNA), trabajadores (CUT, UNT, CAT), pymes, sociedad civil, iglesias y partidos políticos.