El pasado 6 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, cuyo objetivo es proteger los ingresos y la relación laboral de los trabajadores cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios.
En el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Patricio Sáenz, explicó que “la nueva Ley de Protección al empleo, busca salvaguardar las fuentes laborales y los ingresos de los trabajadores, además de ayudar a las pymes a superar esta crisis y también a darle el mayor impulso posible al funcionamiento de nuestra economía”.
Según la autoridad la iniciativa tiene como objetivo asegurar el pago de ingresos de quienes, en el marco de esta emergencia y por mandato de la autoridad sanitaria, deban permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia o teletrabajo. En estos casos, la Ley propone permitir la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, pero manteniendo el vínculo contractual y todos los derechos laborales correspondientes. Además, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.
“El gobierno del Presidente Piñera está preocupado no sólo de hacer lo necesario para proteger la salud de las personas, sino que también de proteger los ingresos de los trabajadores y sus familias. Gracias a la nueva Ley de Protección del Empleo, cuando la fuente laboral es incapaz de generar los ingresos que permiten pagar las remuneraciones, un porcentaje de esas remuneraciones se siguen pagando a través del Seguro de Cesantía”.
CARTAS DE DESPIDO
Sáenz informó que, la Dirección del Trabajo registra en marzo el ingreso a nivel nacional de 299 mil 518 mil cartas de despido, cifra que es un 38% superior a lo registrado en el mismo mes de 2019, mientras que a nivel regional en el mismo periodo se han ingresado 11 mil 736 cartas de despido, a diferencia del año 2019 cuando en el mismo mes se habían recepcionado 8 mil 466 solicitudes, lo que representa un aumento del 38,6 %.
Sin embargo, la autoridad aclaró que “las razones de dichas solicitudes son principalmente por vencimiento de plazo de contrato y conclusión de trabajo o servicio. En tercer término, aparece la causal de necesidades de la empresa, pero aquí es importante aclarar que se deberán estudiar los antecedentes de estas últimas y que en muchos casos serán los tribunales de justicia quienes definan si corresponde o no la causal, ya que la Ley de Protección al Empleo indica claramente que la emergencia derivada de la pandemia de Covid-19, no puede ser invocada como causal desde el día 6 de abril”.
Asimismo, desde el Ministerio del Trabajo se informó que entre las actividades que concentran un porcentaje significativo de trabajadores, una de la más afectadas es la de alojamiento y servicio con un aumento del 93%. La construcción presenta también un incremento importante de 41,5% siendo uno de los sectores más sensible a las variaciones económicas. Se trata además de contratos que en su gran mayoría son a plazo fijo.
Las Regiones en las que se observa un mayor impacto son Magallanes, Tarapacá, Coquimbo, Bio Bio, Arica, Aysén y Los Lagos. En el caso de Magallanes, este incremento está motivado por un alto incremento en las cartas de despido del sector construcción, y por la actividad alojamiento y servicios. Las Regiones menos afectadas en relación a la situación a Marzo son Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Bernardo O´Higgings y Maule, y Ñuble.
Seguro de cesantía
Respecto al apartado que hace referencia a la utilización del seguro de cesantía, Sáenz dijo que esta garantía se permitirá cuando exista acuerdo mutuo entre trabajador y empleador, y cuando haya un mandato de la autoridad sanitaria.
“Esta ley permite que todos los trabajadores afiliados al seguro de cesantía tengan acceso a los beneficios del mismo cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios, lo que será financiado primero por el fondo individual y luego por el fondo solidario del Seguro de Cesantía. En estas situaciones los trabajadores afectados, que cumplan con ciertos requisitos y durante el período en que no puedan trabajar, recibirán un beneficio equivalente al 70% de su remuneración durante el primer mes, porcentaje que se irá reduciendo gradualmente”, indicó el Seremi.
A la fecha en el país, un total de 56 mil 986 empresas han solicitado registro para solicitud para acogerse a la Ley, para optar a la suspensión de contrato, ante la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Esto implica un total de 786 mil 790 trabajadores.
En cuanto a las solicitudes aprobadas para hacer uso del seguro de cesantía a nivel nacional se registró un aumento hasta el día 16 de abril, que paso de 69 mil 45 a 81 mil 78, lo que representa un incremento de 17,44%. A ello se suman un total de 2 mil 270 solicitudes de empleados de casa particular, para acogerse a la suspensión de contrato que contempla la Ley, y que en este caso opera con cargo a los fondos de Indemnización. Las cifras regionales referidas a este beneficio serán entregadas en los próximos días.
Saénz explicó además que adicionalmente, durante los 10 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los empleadores que cumplan con ciertas condiciones, podrán pactar con sus trabajadores una reducción de jornada por hasta un 50% de la jornada normal, pagando la remuneración correspondiente a la jornada acordada. En caso que la reducción de jornada sea del 50% el empleador pagará el 50% de la remuneración, el Seguro de Desempleo pagará un 25% adicional y el trabajador recibirá el 75% de su remuneración original.
“En definitiva, el proyecto permite establecer medidas extraordinarias y de carácter transitorio, para proteger la estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales a un grupo importante de trabajadores que no pueden prestar servicios o deben ajustar sus jornadas de trabajo debido al Covid-19. Además, beneficia principalmente a los trabajadores asalariados formales, afiliados al Seguro de Cesantía, los que superan los 4 millones y medio de personas y que en nuestra región sobrepasan las 242 mil personas según cifras del Instituto Nacional de estadísticas. Esta ley rige con efecto retroactivo desde el inicio del acto de autoridad”, finalizó Sáenz.
En cuanto a lo referido a trabajadores independientes, la autoridad indicó que en el último anuncio del Presidente respecto a las medidas económicas para enfrentar esta crisis, se informó que se está estudiando una forma para poder entregar un apoyo a los trabajadores independientes, para el cual pondrá a disposición un fondo de 2 mil millones de dólares. El Gobierno está estudiando la formula y seguramente habrá una propuesta en los próximos días, de manera que se envíe una propuesta al congreso para ser aprobada a la brevedad e implementar este apoyo a partir del mes de mayo.