Dicho organismo está compuesto por los representantes de trabajadores y empleadores más representativos de las actividades productivas y de mayor relevancia económica y social de la región, además de ser integradas por representantes de la Dirección del Trabajo.
En dependencias de la Inspección del Trabajo de Coyhaique, sesionó el Consejo Tripartito Regional de Usuario (CTRU) de la Dirección del Trabajo para conocer en detalle el proyecto de ley que “Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales”, ingresado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso Nacional.
Lo anterior, en el marco de una demanda histórica de los trabajadores sindicalizados y que ha sido calificada desde el Gobierno como una trascendental mejora y modernización de las relaciones laborales con un estricto sentido de avanzar en productividad en Chile, mejorar los resultados de las empresas y el bienestar de los trabajadores.
Al respecto, el Director Regional del Trabajo, Luis Oyarzo Cerón, explicó que los Consejos Tripartitos Regionales de Usuarios “nacen con el objetivo de establecer un mecanismo permanente, descentralizado y de carácter regional de diálogo entre los actores sociales con la Dirección del Trabajo, a fin de transparentar y fortalecer el quehacer institucional”.
“El poder aumentar el grado de conocimiento de los trabajadores y trabajadoras, mejorar las políticas del servicio frente a éstos e incrementar la capacitad de diagnóstico de la realidad laboral, son algunos de los objetivos de estos consejos y este tipo de actividades contribuye a dichos objetivos”, afirmó la autoridad regional.
La actividad sirvió de instancia para que se conocieran los puntos principales de la mencionada ley por parte de quienes son sus principales beneficiarios: los trabajadores y trabajadoras de Chile.
“Titularidad sindical para negociar colectivamente, simplificación de la Negociación Colectiva, fin al reemplazo a la huelga y piso mínimo de la misma al momento de sentarse a conversar, son algunas de las modificaciones que se han considerado como imprescindibles en este proyecto de ley. Es imposible seguir manteniendo un proceso de diálogo entre trabajadores y empleadores regulado por una norma que data de 1979”, concluyó Oyarzo Cerón.