Seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, y autoridades regionales, se reunieron con personas en situación de discapacidad de la región del Biobío para entregar detalles sobre la normativa.
Con un diálogo en la Municipalidad de Concepción, organismo que ha incluido dentro de su planta a personas en situación de discapacidad, autoridades dieron a conocer oficialmente la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral, para detallar las mejoras que implicará la entrada en vigencia de esta nueva normativa.
En la actividad estuvieron presentes los trabajadores junto al Seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Paulo Otárola; el Seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Quilodrán; la Directora Regional de Senadis, Sandra Narváez y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.
La Ley de Inclusión Laboral obligará a las empresas públicas o privadas de más de 100 trabajadores, a reservar el 1% de la cuota de empleos para personas con discapacidad. Sin embargo, otro de los aspectos relevantes es que terminará con la discriminación salarial que sufrían las personas con discapacidad mental.
Al respecto, el Seremi (s) del Trabajo, Paulo Otárola, precisó que esta Ley “consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones para estos trabajadores. Sólo se podrán excusar por dos motivos: por la naturaleza de las funciones (operadores de carga pesada, entro otros) o falta de postulantes a la oferta. Por lo tanto la implementación no debería experimentar ningún problema”.
En esta misma línea, la directora regional de Senadis, Sandra Narváez aseguró que “regulamos hoy la dignificación del tema salarial en las personas con discapacidad mental. Una ley antigua, la 18.600, establecía que se les podía cancelar cualquier tipo de pago, de común acuerdo con el empleador. Hoy una persona en situación de discapacidad contratada no puede ganar menos del sueldo mínimo. Es decir, hoy estamos igualando oportunidades y estamos legitimando los derechos que cualquier trabajador y trabajadora tiene”.
La ley entrará en vigencia, a más tardar, en diciembre de este año y la fiscalización de su cumplimiento será realizada por la Dirección del Trabajo y por la Contraloría General de la República.
Victor Hugo Cabrera, trabaja como encargado de la central telefónica del municipio penquista hace poco más de tres años y valoró muy positivamente esta ley, aunque recalcó que debiera ser un compromiso propio de los empleadores. “Agradezco esta ley y a la Presidenta Bachelet, pero da un poco de lata que tenga que ser ley para que te den pega, no debiese ser así. Nosotros antes que todo, antes que discapacitados, somos seres humanos, somos chilenos, y el 16% de la población tiene discapacidad”.
Es importante destacar que los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluarán esta ley cada 4 años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Sin embargo, solo para el inicio de la norma se estableció un plazo de 3 años para su revisión, lo que implica que ambos ministerios emanarán un informe al congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deban acogerse a la norma.