Los representantes de los trabajadores expusieron su preocupación por la entrega de 140 cartas de aviso de despido, las que se concretarían el próximo 30 de mayo. Paralelo a esto, la autoridad laboral los asesoró y explicó los detalles del procedimiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento al cual se acogió la empresa minera.
Desde hace algunos días la incertidumbre se instaló entre los trabajadores de la Compañía Minera Dayton de Andacollo, y es que la empresa ya notificó mediante carta de aviso, el despido de 140 personas para fines del mes de mayo, quienes se suman a cerca de 82 trabajadores que ya fueron desvinculados.
En este contexto la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Tarcila Piña, se reunió con el Sindicato de Trabajadores de la minera, a quienes ha estado entregando asesorías para enfrentar este complejo proceso.
Al respecto, la seremi del Trabajo, Tarcila Piña, aseguró que “junto a la Dirección del Trabajo hemos sostenido reuniones con el Sindicato de Trabajadores de Minera Dayton. Les hemos recomendado que hagan todas las acciones correspondientes para poder hacer los cobros adeudados y así resolver su situación laboral.
“Es importante señalar que Minera Dayton se ha acogido a un procedimiento de reorganización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por lo tanto la empresa cuenta con un veedor que resuelve y toma antecedentes respecto a la situación financiera, las cuotas previsionales, deudas con acreedores y la banca, para así sacarla adelante y hacer pago efectivo de las deudas”, subrayó.
Piña aseguró que “como autoridad del Trabajo en este momento vigilaremos el cumplimiento de la normativa laboral, porque si bien están en un procedimiento de insolvencia la normativa laboral debe cumplirse. A su vez daremos la facilidad para que los trabajadores tengan toda la información y tengan acceso a todo aquello que les permita estar informados, y en el caso de que se produjeran incumplimientos estaremos junto a la Dirección del Trabajo para fiscalizar y sancionar a la empresa”.
Freddy Vargas Quintanilla, presidente del Sindicato de Trabajadores de Minera Dayton, expone que “hay mucha incertidumbre por la continuidad del trabajo, saber si vamos a seguir el tema de los pagos, si se van a seguir cumpliendo algunos pendientes que tenemos con nuestro contrato colectivo, entonces todo eso se viene encima, hay preocupación por parte de todos los trabajadores.
Su punto de vista lo comparte Eduardo Godoy, director del Sindicato de Trabajadores de Minera Dayton, quien también se refirió a los trabajadores que ya fueron desvinculados, expresando que existen problemas con el pago de sus finiquitos, pues éstos se habrían acordado pagarse en 6 cuotas, “y la mayoría de los últimos desvinculados han tenido problemas con el pago de la segunda cuota, pero ese fue el sistema de cómo los finiquitaron”. A esto añade que a sus ex compañeros de labores “los estamos tratando de ayudar en el tema de los pagos de las cuotas y de darle toda la información que obtenemos con las reuniones con la Seremi y enfocarlos en las vías necesarias para que a se les peguen sus finiquitos como corresponda”, señala el representante de los trabajadores.
La Coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Marcela Poblete, explica que la compañía Minera Dayton al someterse al procedimiento judicial que tiene la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, “no pierde la administración, sigue funcionando más menos de la misma forma en que la venia haciendo, la diferencia es que tienen protección financiera concursal, esto significa que a la empresa no le pueden ejecutar cobros de ninguna índole, sólo por el período que dura la gestión de este acuerdo, no significa que ellos no paguen, deben hacerlo, pero están protegidos por este tiempo para poder negociar con bancos y sus mayores acreedores sin una medida de presión que sea la ejecución de sus bienes”, detalló.
Cabe señalar que la intervención a la compañía está siendo dirigida por un veedor, quien tomó el cargo cuando se publica la resolución el pasado 29 de abril, “en este caso son 30 días, terminando el próximo 6 de junio en la junta de acreedores, instancia en que van a votar el acuerdo que ellos propongan, pero podría este plazo prorrogarse por 30 o 60 días dependiendo del apoyo que le den los acreedores”, expresó Poblete.