-Normativa busca consagrar legalmente un sistema que incorpore a personas con discapacidad representando, al menos, el 1% de la dotación total de empresas u organismos con más de 100 trabajadores.
Tras ser anunciada durante el año 2016, esta semana, la Presidenta Michelle Bachelet finalmente promulgó la llamada Ley de Inclusión Laboral que compromete, tanto al sector privado como público de la región, en la incorporación de una cuota del 1% de trabajadores en empresas y organismos con más de 100 personas, lo que en Magallanes se traduciría en un total de 800 empleadores.
Así fue ratificado por las autoridades de Economía, Trabajo y Desarrollo Social de Magallanes, en el marco de una actividad de difusión de esta norma, realizada en el Hospital de Día de Punta Arenas, donde explicaron a cerca de 40 asistentes, funcionarios y profesionales, la importancia de esta nueva norma que marca un hito en la integración laboral de personas con discapacidad a nivel país.
En palabras del seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abarzúa, “esto significa que las personas con discapacidad vayan incorporándose al trabajo y que en la región se pueda lograr una labor más estrecha con el sector público y privado. Es una ley que establece una cuota del 1% para las empresas con más de 100 trabajadores. Es obligatoria y se establece un plazo de seis meses para redactar los reglamentos y posteriormente a eso entra en vigencia la ley, que en Magallanes debieran más de 800 empresas entrar a incorporar a trabajadores de forma obligatoria”, explicó.
Al ser consultado sobre aquellos empleadores que no logren esta cuota, la autoridad expuso que “donde no se pueda hacer, ya sea por la naturaleza de los servicios o porque no hay personas disponibles para cumplir con esto, se establecen dos medidas alternativas: las empresa pueden hacer donaciones a instituciones, corporaciones o fundaciones que se dediquen a la rehabilitación, inclusión o incorporación de personas con discapacidad o a través de terceras empresas que contraten a personas con discapacidad”.
Al respecto, la seremi de Desarrollo Social, Claudia Barrientos, expuso que “a ley ya fue promulgada, estamos trabajando, a través del Ministerio del Trabajo, en lo que son los reglamentos para poner en marcha esta nueva ley que no solo va permitir un resguardo en materia laboral, sino que viene a subsanar materias como la posibilidad que tenían los empleadores de poder acordar con personas en situación de discapacidad mental sueldos incluso menores al sueldo mínimo, cosa que desaparece a partir de la promulgación de esta nueva ley. En chile serán más de 7 mil personas que van a poder ingresar al mundo del trabajo y pensamos que en Magallanes, más o menos, unas 200 empresas van a estar en condiciones de contratar a personas en situación de discapacidad, por lo que es una noticia sumamente significativa”.
Refrendando esto último, el seremi de Economía y Hacienda, Christian García, reflexionó junto con los asistentes sobre el significado de esta norma. “en efecto, esta iniciativa, promulgada recientemente, tiene varios objetivos importantes, uno de ellos es eliminar cualquier tipo de discriminación para los trabajadores con discapacidad en las empresas y entidades públicas. Esto es, por ejemplo, que se le pague una remuneración menor al sueldo mínimo o al cargo que ejecuta. Por otro lado, en lo que respecta al sector público, la ley prohíbe expresamente la exclusión por motivos de discapacidad del Estatuto Administrativo, lo cual constituye un avance sin precedente en materia de inclusión”.
Sobre aquello, la directora regional de Senadis, María Milena Yankovic, expuso que más allá de la obligación de incorporar a personas con discapacidad, lo que se busca es que los empleadores comprendan los beneficios que esto trae para las llamadas empresas inclusivas, como es una mayor motivación de los trabajadores, un mejor clima laboral, una mejor reputación y mayor productividad, dado que los trabajadores con discapacidad serían especialmente hábiles para la ejecución de ciertas tareas y/o especialmente comprometidos con la empresa, entre otros aspectos valorados en una organización productiva.
Tras la promulgación y posterior publicación en el diario oficial, existe un plazo máximo de 6 meses para dictar los correspondientes reglamentos para cada ámbito –público y privado- que permitirán la entrada en vigencia de la normativa.
Posterior a ese plazo, las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores estarán sujetas a esta obligación a partir del término del primer año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley. Asimismo, la ley incorpora al tercer año su vigencia, una evaluación que deberá considerar el impacto de la norma para generar una propuesta respecto de la mantención o aumento de lo estipulado. También se deberán evaluar los efectos en las empresas sujetas a esta obligación.
Una vez clarificados los reglamentos, las autoridades locales realizarán ciclos de encuentros y reuniones con gremios empresariales, empleadores, mutualidades y trabajadores para aclarar dudas sobre la norma y ver casos particulares que sea necesario abordar, dando así un apoyo adicional al buen funcionamiento de la ley en la zona.