Magallánicos entregaron sus propuestas a la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones

La audiencia se realizó en Punta Arenas con la presencia de más de ochenta representantes de diversas organizaciones y fue escuchada por los comisionados Claudia Sanhueza y Jorge Tarjizán

Múltiples propuestas entregaron diversas organizaciones sociales, gremiales y sindicales de Magallanes en la audiencia que sostuvieron hoy con los economistas Claudia Sanhueza y Jorge Tarziján, integrantes de la Comisión Asesora Presidencial del Sistema de Pensiones, quienes luego de escuchar a la ciudadanía en cada una de las regiones del País se dedicarán a elaborar una propuesta cuyo informe será entregado a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet en enero de 2015.

Al encuentro asistieron 84 representantes de organizaciones y personas naturales, quienes se distribuyeron en 7 grupos de trabajo organizados en 3 temáticas principales: Temáticas que buscan cambios estructurales al sistema de pensiones; Demandas o problemáticas previsionales del actual sistema y; temáticas de ajuste o mejoras al actual sistema de pensiones. Todos los integrantes coincidieron en contar con un nuevo sistema de pensiones que sea de carácter tripartito donde aporten tanto el trabajador, el empleador y el Estado, y que entregue dignidad a las personas. Del mismo modo todos los presentes coincidieron en que debe haber un sistema diferenciado para las regiones.

Al iniciar la jornada la Intendente (s) Paola Fernández, saludó a los presentes y valoró el trabajo de los expertos de la Comisión Asesora Presidencial, dando importancia también al aporte de la ciudadanía, “instándolos a dar lo mejor de sí, para que la propuesta de Magallanes y las particularidades que tenemos en este territorio estén expresadas en el resultado final. El compromiso de nuestra Presidenta es modificar nuestro sistema actual de pensiones y eso lo vamos a hacer con la voluntad y el consentimiento de todos, porque sabemos que el sistema actual de pensiones es un modelo asfixiante para la ciudadanía”.

Al finalizar la jornada, el comisionado Jorge Tarziján agradeció la presencia e interés de los asistentes, valorando como un insumo muy importante para la Comisión de Pensiones, las opiniones y el trabajo de grupo, donde a su juicio se dio bastante consenso en temas como la necesidad de aumentar la tasa de reemplazo de cotización, la idea de contar con un sistema tripartito de pensiones y, que Magallanes debe tener consideraciones especiales y diferenciadas en el sistema de pensiones dada su condición de zona extrema.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abarzúa, destacó la participación de la ciudadanía en el día hoy quienes estén pensando qué sistema de pensiones queremos para el País, desde las regiones principalmente y a diferencia de cómo se gestó el actual sistema en los años ochenta con un Decreto Ley que no otorga legitimidad, hoy en día lo que nosotros hacemos es darle legitimidad a través de las propuestas de los dirigentes sociales y sindicales y que ellos nos digan cómo piensan que quieren el nuevo sistema de pensiones”.

La comisionada Claudia Sanhueza enfatizó en la transparencia de los diálogos ciudadanos e invito a los presentes a seguir interesados en el trabajo de la comisión, que se encontrará actualizado en la web www.comisionpensiones.cl donde es posible revisar las grabaciones de las audiencias realizadas en el resto del país.

Las propuestas de cada grupo

El primer grupo 1 estuvo representado por Julia Gallardo, dirigente de la asociación de técnicos paramédicos y Rolando Igor, directivo de la asociación de funcionarios de la Seremi de Salud, entre cuyas propuestas destacaron la idea bajar la edad de jubilación; reparar en el daño previsional; contar una tasa de reemplazo de la pensión no inferior a un 70 % y no permitir que los fondos de pensiones recaudados por el Estado sean invertidos fuera del país. Además propusieron bajar la edad de jubilación de acuerdo a la característica del trabajo, con especial consideración en los trabajos pesados; plantearon aumentar las facultades de la Dirección del Trabajo en el caso del no pago de cotizaciones; afiliación al sistema de pensiones al momento de nacer; propiciar una educación cívica previsional a través de los servicios públicos dedicados a la materia; y que la pensión de prisión política y tortura sea independiente y no excluyente a la pensión.

Por su parte Wilfredo Pinto, dirigente social y Patricia Gómez, dirigente del sindicato de Hoteles Australis acotaron en el segundo grupo que debe haber una pensión diferenciada dado el alto costo de vida de Magallanes y la condición aislada de la región, lo que se traduce en un trato especial para zonas extremas para funcionarios públicos y privados. Además se refirieron a la reparación de las deudas previsionales históricas que datan desde la década de los sesenta. Entre las propuestas regionales indicaron el incentivo especial para quienes han trabajado por al menos 20 años en la región y que se ha quedado a vivir en la región; pensiones especiales para las personas que enviuden y que a los funcionarios se les imponga por el monto total de las remuneraciones y no con el sueldo base.

El tercer grupo estuvo representado por Jonathan Mansilla, dirigente sindical de la cervecería Austral, quien desestimó el valor del proyecto de la AFP estatal porque no soluciona la competencia en el mercado.

Otras propuestas ciudadanas

El cuarto grupo nombró a Claudia Díaz y Alicia Poblete como sus expositoras, quienes solicitaron el Estado asegure una taza mínima de reemplazo en un porcentaje reajustable, lo que significa la eliminación del Decreto Ley 3.500; que el Estado como responsable solidario se haga cargo de cubrir la lagunas en la vida activa del trabajador que no hayan sido fiscalizada. Además propusieron a la comisión la idea que debe exigirse que las AFP aporten un porcentaje de sus utilidades al fondo de pensiones; que las pérdidas de sus inversiones las soporten las AFP pero no las personas que cotizan; sobre las pensiones de invalidez solicitan que la comisión que discrimine la condición de invalidez sea un ente autónomo; que al momento que una persona en vida activa y decida jubilarse sus fondos se congelen no habiendo variación en su fondo de pensiones; que todos los trabajadores al jubilarse obtengan una pensión no inferior al sueldo mínimo; que se obtenga un cien por ciento de la pensión de la viuda o viudo; que los trabajadores que hayan sufrido daño previsional al momento de cambiarse de sistema sean compensados y mayor difusión del sistema de desafiliación existente.

El quinto grupo estuvo representado por el arquitecto Humberto Salinas y Marisela Bargetto, del sindicato de Ripley, quienes junto con rechazar la Constitución de 1980 en cuanto a la imposibilidad de elegir una trabajado decente y un sistema de pensiones libremente, propusieron que el nuevos sistema de pensiones debe ser administrado por el Estado y con carácter tripartito, es decir, con aporte del Estado, del empleador y el empleado.

El sexto grupo representado por Raquel Muñoz, de la empresa Nova Austral y Gerson Reyes, de la agrupación Patagonia Inclusiva se refirieron al rol del Estado, compartiendo que el sistema de AFP no debe continuar rigiendo en el país y que en nuevo sistema las utilidades deben ser repartidas entre los trabajadores. Ahondaron en la propuesta donde el monto de pensión mínima debe ser mayor más el sueldo. Además detallaron una propuesta que permita a los trabajadores con capacidades diferentes puedan acceder de manera diferencia a una mejor pensión.

Al finalizar Ivan Caamaño, director de Dipreca y Bedrich Magas, profesor y dirigente universitario plantearon señalaron el grupo siete es partidario, una pensión mínima igual a la pensión mínimo reajustable anualmente tres puntos por sobre el IPC y   de avanzar hacia un sistema tripartito, que resuelva el problemas tanto a las personas pensionadas, aquellas en edad de pensionarse y las que como los estudiantes aun no cotizan en el actual sistema de pensiones, pero son la que mayormente verán los frutos de un nuevo sistema. Por último propusieron que el Estado debe reconocer una pensión igual al 50 % de la renta de los últimos 10 años.