Seremi del Trabajo valora acuerdo nacional del Gobierno y CUT por salario mínimo

El Seremi del Trabajo y Previsión de Magallanes, Carlos Abarzúa, valoró el acuerdo nacional del salario mínimo y coincidió con la Ministra de la cartera, Javiera Blanco quien señaló que “estamos dando una señal clara de cumplimiento de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet”.

La autoridad informó que el protocolo firmado en sus puntos centrales establece la constitución de una comisión asesora salarial del mercado del trabajo, el envío de proyecto de ley sobre fortalecimiento sindical y de la negociación colectiva y un programa de fiscalización del ingreso mínimo mensual.

“Al igual que en todo el país, en Magallanes nuestra preocupación ha estado centrada en el cumplimiento del programa de gobierno, el que comprometió que en la mitad del periodo presidencial el salario mínimo alcanzaría la cifra de $ 250.000, lo que queda ratificado con este anuncio”, indicó el Seremi del Trabajo.

La autoridad regional indicó que “esta señal de diálogo y entendimiento entre el Gobierno representado por el Ministerio del Trabajo y de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), marca el rumbo hacia los próximos dos años, dando certeza a los trabajadores formales con salario mínimo, para que puedan superar de una vez por todas la situación de pobreza”.

De esta forma el acuerdo señala que el salario mínimo evolucionará progresivamente de los $ 210.000 actuales, a $ 225.000 a partir del 1 de julio de 2014, para avanzar posteriormente a $ 241.00 a partir de julio de 2015 y $ 250.000 a partir de enero de 2016.

Para dar cumplimiento a estas medidas el acuerdo comprometió la conformación de una comisión que propondrá al país -al cabo de 18 meses- una política salarial que posibilitará que la discusión se abra a robustecer la negociación y las políticas remuneracionales de las empresas, lo que se traduce en el fortalecimiento de la negociación colectiva.

Otro de los aspectos que recoge este acuerdo es el inicio de un plan de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones legales que se desprenden del ingreso mínimo mensual, focalizado en los sectores productivos donde hay un mayor nivel de denuncia del incumplimiento de estos pagos, donde a veces se entiende que está conformado por la suma de asignaciones y gratificaciones.