Iniciativa establece continuidad de beneficios sociales.
La secretarios regionales ministeriales de Educación y Trabajo, Felipe Rossler y Yeniffer Ferrada, respectivamente, valoraron la aprobación de la Jornada Parcial Alternativa para Estudiantes Trabajadores la semana pasada en la Cámara de Diputados, haciendo hincapié en el “enorme impacto positivo que traerá por los jóvenes de comunas con centros educacionales, como es el caso de Chillán, donde una cantidad importante de estudiantes también, y con mucho esfuerzo, desarrollan actividades laborales”, según esta última.
Entre diversos puntos, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo –que se suma a otros como el de Modernización Laboral- contempla la continuidad de beneficios sociales y de salud para los trabajadores que cursen una carrera, además de adherirlos a los regímenes de protección.
Según datos de la Seremi de Educación de Ñuble, en el año 2018 se registró una matrícula de 16.914 alumnos en la Educación Superior de la zona. Por ello, para la autoridad de la cartera, la iniciativa del Gobierno sintoniza muy bien con una necesidad que representa a miles de jóvenes que trabajan y estudian.
“Para nuestro Gobierno este es un importante paso, pensando en aquellos estudiantes que decían no formalizar sus trabajos por el temor a perder ciertos beneficios sociales como lo es la gratuidad. En este sentido, este nuevo contrato permitirá que aquellos ingresos percibidos por éste no sean impedimento para poder recibir los distintos beneficios estudiantiles que ofrecemos como ministerio”, señaló Felipe Rossler.
Su par Yeniffer Ferrada, proyectó que “esta nueva condición viene a regularizar de manera concreta un tema relevante y sensible tanto para los jóvenes como para sus familias. Aquí se ha querido desvirtuar el sentido de la ley, en consecuencia que su fin primero es desprecarizar el empleo, un elemento que ha estado presente en la agenda laboral que impulsa el Presidente Sebastián Piñera”.
En la misma línea, la seremi explicó que un “porcentaje muy alto de jóvenes que trabajan lo hacen con las mejores intenciones, pero lamentablemente, y por un vacío en la norma, en circunstancias informales y desprotegidos. Ahora podrán tener flexibilidad atendiendo al contexto y al momento de la vida en que trabajan, exigiéndoles a los empleadores un contrato de trabajo y estándares mínimos de calidad. Apuntamos a aumentar la participación juvenil anteponiendo siempre su protección y correcto desarrollo”.
La tasa de desempleo juvenil en Chile, de personas entre 18 y 24 años, fue de 20,5% en 2017 según la Casen, lo que representa más del doble del país (7,9%) y es 7 puntos porcentuales más elevada que el desempleo juvenil mundial (13,8%).
“Como ministerio estamos conscientes que la gratuidad no ha sido suficiente para poder cambiar la decisión de un joven frente a ingresar a la educación superior o no. Por ello, la posibilidad cierta de contar con un ingreso que permita cubrir los costos distintos al arancel (transporte, alojamiento y materiales, entre otros), claramente nos permitirá avanzar en una mayor cobertura en educación superior”, agregó el seremi Rossler.