En el marco de la jornada sobre “Inclusión Laboral y Salud Mental, avances y nuevos desafíos” las autoridades del Trabajo, Salud y el Servicio Nacional de la Discapacidad, encabezaron un diálogo en torno al derecho al trabajo de personas con discapacidad sicosocial, ad portas a la implementación de la Ley de Inclusión Laboral (21.015), con representantes de servicios, empleadores, trabajadores, oficinas municipales de intermediación laboral (OMILs), universidades y personas con discapacidad sicosocial, entre otros.
Al respecto la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Karen Medina, señaló que “la ley de inclusión laboral es un desafío para todos los actores del mundo del trabajo, para las autoridades también esta nueva política pública garantiza que las personas en situación de discapacidad se integren en igualdad de derecho al trabajo en el sector público y privado. Nos ha convocado también la jornada de esta mañana, en donde el tema que quisimos abordar era la salud mental, el trabajo y el acceso efectivo al derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad por enfermedades psicosociales”, manifestó la autoridad.
A su vez la Directora regional de SENADIS, Isabel Zurita, recalcó que “lo más destacable cuando hablamos de salud mental, es decir que esta Ley la 21.015 deroga aquella situación que establecía que las personas con discapacidad mental no tenían un salario establecido, a través del artículo 16 de la Ley 18.600 se establece que las personas en situación de discapacidad mental tienen que recibir remuneración en igualdad de condiciones con un trabajo digno”, señaló la autoridad.
Por su parte, el Presidente del Gremio UNIPAN quinta región, Alberto Albornoz, añadió que “las personas con discapacidad son una tremenda ganancia para el empresariado, no estoy hablando de la ganancia económica, me refiero a cómo cambian los climas organizacionales, como los trabajadores son capaces de tener la empatía de pensar de que lo que ellos tienen es muy valorable y que el hecho de que otras personas con muchos menos recursos físicos o mentales, son capaces de lograr las metas”, recalcó Albornoz.
Así mismo, el Director de ONG Radio Diferencia, Juan Valenzuela, indicó que en Valparaíso un 30 por ciento de la población sufre discapacidad, ya sea mental o física, agregando que hay muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero que lamentablemente no entran dentro de esta cifra porque no han sido diagnosticadas. Por esto mismo no figuran dentro de las cifras oficiales, remarcó Valenzuela.
El decreto supremo N° 64 es el que regula el alcance de la iniciativa en el Código del Trabajo esto para el sector privado. A su vez el decreto supremo N° 65 establece el estatuto administrativo para el sector público. La Ley 21.015 establece que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad. También establece el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminando la discriminación salarial; fija en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje con personas con discapacidad mental y prohíbe todo tipo de discriminación hacia personas con discapacidad.
