Tras la entrega del preinforme de la Comisión de Seguridad en el Trabajo -paso previo a la publicación de las conclusiones finales, el próximo 22 de noviembre-, el Presidente Sebastián Piñera pidió establecer metas precisas de reducción de las actuales tasas de accidentabilidad y mortalidad laboral.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Camila Merino; y los subsecretarios del Trabajo, Bruno Baranda; y de Previsión Social, Augusto Iglesias; le entregaron al Mandatario el informe preliminar, con al menos 30 propuestas, que deberán ser afinadas y completadas de aquí al 22 de noviembre, plazo límite para su entrega definitiva.
En total se entregaron cinco archivadores con documentos de la Comisión, resultado de 204 audiencias, 172 de las cuales fueron realizadas en regiones. En total, 472 dirigentes sindicales, empresariales y expertos plantearon sus puntos de vista entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre.
“El Presidente nos dio el imperativo de que tenemos que trabajar en reducir las cifras de accidentabilidad y mortalidad laboral”, dijo la ministra al abordar las metas impuestas por Sebastián Piñera. Este desafío, profundizó, debe enmarcarse en la creación de una política nacional de seguridad que permita al país alcanzar los estándares de los países desarrollados.
La tasa de accidentabilidad nacional es del 5,3%, lo que refleja un descenso respecto de inicios de la década, cuando ese indicador era del 7,6%. Sin embargo, los días perdidos por accidentes subieron en el 19% desde 2004.
En mortalidad hay otras paradojas. La tasa es del 6,5 cada cien mil trabajadores, pero sube al 8,6 si se consideran los decesos por accidentes de trayecto. Asimismo, es mejor que la de otros países latinoamericanos, como Colombia (11,7), Argentina (9) y Brasil (8), pero inferior a la de naciones desarrolladas, como Alemania (2,8), Francia (3,5), Estados Unidos (4) y España (4,9).
No obstante, todas las estadísticas nacionales representan sólo al 70% de los trabajadores chilenos protegidos por las mutuales de seguridad. No abarcan, por ejemplo, a los trabajadores resguardados por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), ni a los que carecen de cualquier tipo de seguros contra accidentes laborales.
La ministra añadió que, en un plano más global, habrá que reforzar la actual institucionalidad, con planes concretos, como también mejorar las falencias de la fiscalización y robustecer la prevención.
Complementariamente, dijo que se analizará la ratificación del convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que precisamente insta a los países a crear políticas nacionales de seguridad laboral.
Por último, respecto del rol de las mutuales de seguridad, con poca cobertura en las pequeñas empresas, la ministra planteó que “hoy es verdad que las mutuales se concentran en las grandes empresas, y tenemos que dar los incentivos para que también se preocupen de las pequeñas”.