Como Gobierno hemos estado impulsando un conjunto de reformas que buscan un crecimiento más inclusivo y con mayores oportunidades. Por ello propusimos una iniciativa legal para modernizar las relaciones laborales, fortaleciendo los sindicatos y facilitando los acuerdos en el mundo del trabajo, la que fue aprobada por amplia mayoría tras un proceso de construcción de consensos en el Congreso.
Como se sabe, posteriormente el Tribunal Constitucional decidió que las normas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios por afiliación son inconstitucionales. Como corresponde a un Estado de Derecho, el gobierno ha acatado este fallo aunque también ha adoptado decisiones tendientes a cautelar las condiciones de mayor equilibrio en las relaciones laborales que promueve el proyecto de ley.
Esto motivó al Ejecutivo a enviar al Congreso, antes de conocer los alcances del fallo, un veto respecto de las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas; así como la introducción de un nuevo quórum para negociar.
Ratificamos que en opinión del gobierno, para la negociación de este tipo de pactos, la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa.
Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar implicando una precarización de las relaciones laborales.