La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se reunieron con el objetivo de analizar alternativas para agilizar el traspaso al Estado de los bienes incautados al narcotráfico para poder rematarlos y así poder entregar esos dineros a planes de prevención de drogas.
“Hay que hablar con la Corte Suprema, eso es lo primero. Tengo entendido que podríamos explorar una ley interpretativa, que primero se alcen las prendas en forma automática, que quitan todo tipo de gravámenes y, finalmente, esto pase al Fisco y se pueda retamar rápido”, señaló la ministra Matthei.
Según la ley 20.000, los bienes y automóviles que son incautados por narcotráfico o por lavado de dineros deben ser rematados por la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la “La Tía Rica”, -organismo que depende del Ministerio del Trabajo- quien a su vez debe depositar los montos en la cuenta del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda (otro porcentaje menor va a la Corporación Administrativa del Poder Judicial).
Aunque en la práctica la Dicrep ha subastado autos, aún no lo hace con las propiedades, ya que los inmuebles aún permanecen inscritos a nombre de particulares y no del Fisco. En el caso de los vehículos, al estar tanto tiempo en corrales municipales o cuarteles policiales, se va deteriorando y perdiendo su valor.
Según, Chahuán, en la actualidad hay autos evaluados en cerca de $650.000.000 y 100 inmuebles con condenas, pero que aún están en pendientes de remate.
“Mi impresión es que al Senda le va a quedar cero peso, porque todo se irá e pagar los corrales municipales. Entonces, hay que ir al tema de fondo, que es cómo lograr que esto sea rápido, efectivo y que los narcotraficantes pierdan todos sus bienes rápidamente. Ahora hay uno que está viviendo en un departamento, lo que no nos parece”, dijo Matthei, junto al subsecretario de la Cartera, Bruno Baranda, y director de la Dicrep, Alejandro Iturra, quienes también participaron a la reunión con el Fiscal Nacional.
Para la secretaria de Estado se debe buscar una solución “urgente”, ya sea por un autoacordado por un cambio a la ley, porque “no podemos tener 100 inmuebles paralizados, en que todo el mundo sabe que deben rematarse y que este dinero debiera ir a labores de prevención y que, finalmente, no se pueda hacer por problemas administrativos”.
Chahuán, por su parte, admitió que “nos preocupa que estén aposados e inmovilizados hace bastante tiempo. Hemos conversado, hay una labor de coordinación, pero se ha notado insuficiente y queremos agilizar estos trámites”.