La normativa, que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales gradualmente en un plazo de 5 años, entró en vigencia en abril de 2024. Desde esa fecha, se hizo efectiva la disminución obligatoria a 44 horas; en 2026 será a 42 horas; en 2028, en tanto, la jornada de 40 horas a la semana estará en pleno régimen. Sin perjuicio esta gradualidad, las que las empresas pueden aplicar la reducción completa de manera voluntaria desde ya.

Además de la señalada reducción, la ley establece jornadas especiales en distintos sectores; también contempla bandas horarias para conciliar el trabajo con la vida familiar; descanso adicional que compensa horas extra; y la restricción de uso del inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo sobre excepción de jornada. Del mismo modo, incorpora la posibilidad de que un trabajador o trabajadora pacte con su empleador que la jornada laboral de 40 horas se cumpla en un promedio de cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales.

Esta ley, aprobada en mayo de 2023 y con previo acuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estableció que el salario mínimo se ubicaría en $500.000. Para esto se contemplaron tres alzas escalonadas. La primera, de $410.000 a $440.000, se aplicó en julio de 2023; la segunda, de $440.000 a $460.000, en septiembre de 2023; y, por último, a $500.000 en julio de 2024. De este modo, se cumplió de manera anticipada con este compromiso del Programa de Gobierno.

La normativa estableció también un nuevo reajuste, según el IPC acumulado entre julio y diciembre de 2025, que se aplicará en enero de 2025.

Además, esta ley estipuló un reajuste de los tramos de la Asignación Familiar, aumentando la cobertura y los beneficios de los actuales afiliados. Del mismo modo, fijó un esquema de subsidios para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en el pago de esta alza del ingreso mínimo.

La Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, comenzó a implementarse el 1 de agosto de 2024.

Esta ley establece que las empresas y los órganos del Estado tienen la obligación de contar con un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación. Además, instaura mejores procesos de investigación del acoso.

La normativa se ajusta a los estándares internacionales sobre la materia, como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2023, que busca erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales.

La Ley Karin tuvo su origen en una moción de la diputada Erika Olivera, quien presentó la iniciativa a raíz de lo sucedido a Karin Salgado, funcionaria pública y técnica en enfermería quien, tras sufrir un prolongado proceso de acoso laboral, el 12 de noviembre de 2019 decidió quitarse la vida. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric patrocinó ese proyecto a través de indicaciones.

Luego de un apoyo transversal en el Congreso, el proyecto de ley fue aprobado el 13 de diciembre de 2023. La Ley Karin (Ley 21.643) fue publicada en el Diario Oficial el 5 enero de 2024.

El 2024 se despachó desde el Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo que moderniza el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora. En concreto, establece la posibilidad de incorporar oficinas de esa institución en las regiones, con el objetivo de reforzar el vínculo de la certificación con las demandas específicas de desarrollo de capital humano y los desafíos productivos de cada territorio; además de facilitar y estimular el uso de la franquicia tributaria para certificación y permitir la homologación de la certificación de competencias laborales otorgadas por otros países, entre otros aspectos.

La normativa, que entró en vigencia el 29 de enero de 2024, establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para trabajadores que tengan a su cargo el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, o de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. Debe tratarse de labores de cuidados no remuneradas.

De este modo, estos trabajadores pueden efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita.

Además, la ley reconoce derechos laborales destinados a favorecer la conciliación de la vida familiar. Por ejemplo, el derecho al uso preferente del feriado legal, estableciendo que las y los trabajadores que tengan a su cuidado a un niño o niña menor de 14 años o un adolescente menor de 18 años con una discapacidad, tendrán derecho a solicitar el feriado legal durante el período de vacaciones establecido por el Ministerio de Educación, debiendo analizar su solicitud en forma preferente a aquellas personas sin estas responsabilidades. De igual modo, reconoce el derecho a solicitar ajustes al sistema de turnos.

En agosto de 2024, los ministerios del Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, anunciaron que la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC, por sus siglas en inglés), que está conformada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aceptó la solicitud de Chile de ingresar a esa instancia.

En el marco de la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, realizada en junio de 2024, en Ginebra, Chile participó de un encuentro realizado por EPIC en la sede de la Misión de Canadá, país que actualmente la preside. Luego del análisis respectivo, el Gobierno decidió solicitar su participación en esta coalición que promueve la equidad salarial entre hombres y mujeres.

En julio de 2024, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de protección a los buzos, iniciativa que buscar reconocer el trabajo de buceo y otorgar mayor seguridad y salud laboral a las y los trabajadores que ejercen en dicho sector. Tres meses después, en octubre, la iniciativa fue aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados y despachada a segundo trámite en el Senado.

Entre los principales puntos que abordan se encuentran el reconocimiento del contrato de trabajo de buceo; la regulación de la salud y seguridad laboral de buzos; la responsabilidad del dueño de la obra o empresa que ejecuta las labores; las obligaciones de la empresa principal; el registro electrónico de documentación y registro de asistencia; certificaciones de ChileValora y protocolo de procedimientos, entre otros.

La iniciativa, que fue presentada en mayo de 2024 por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric al Congreso, va en línea con el compromiso del Ejecutivo de promover el trabajo decente para todos los trabajadores y trabajadoras del país, a través de un enfoque preventivo sobre accidentes y enfermedades laborales.

El proyecto reconoce las funciones y aporte al país que hacen los recolectores de residuos domiciliarios, promoviendo que puedan acceder a un salario que valorice su trabajo. Para esto, en las bases de licitación que se realicen para contratar a estos trabajadores, se privilegiará a los oferentes que entreguen mejores remuneraciones, de acuerdo con lo establecido en la ley de compras públicas.

En julio de 2024, por unanimidad, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley y este año comenzará su trámite en el Senado.

El 2024 el Gobierno patrocinó, a través de diversas indicaciones, el proyecto de ley de Equidad Salarial, que tiene por objetivo reconocer el derecho de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Así, de aprobarse, adecuaría la legislación nacional a estándares internacionales, como el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración.

El proyecto fue aprobado en general, y en forma unánime, por la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado a principios de septiembre de 2024. A inicios de este 2025, esa instancia lo aprobó en particular, con lo que la iniciativa pasó a la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

En 2024 el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de ley que modifica la Ley del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.744), que crea un sistema autónomo de calificación de enfermedades profesionales, las comisiones calificadoras.

La iniciativa tiene como uno de sus objetivos principales perfeccionar el sistema de calificación de las enfermedades profesionales, de modo que sea autónimo, técnico y que separe las labores que hoy se encuentran radicadas en los organismos administradores del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (mutualidades de empleadores, que son la ACHS, IST y la Mutual de Seguridad, y el ente público Instituto de Seguridad Laboral, ISL) y las empresas con administración delegada.

Con la separación de funciones, dichos organismos administradores entregarán las prestaciones de salud, mientras que la calificación del origen de una enfermedad, común o laboral, quedará radicada en las comisiones calificadoras.