El 26 de abril de 2024 comenzó la implementación de la Ley 40 horas, que reduce paulatinamente la jornada laboral, de 45 a 40 horas. De acuerdo a esa gradualidad, este año la jornada disminuye, obligatoriamente, a 44 horas semanales, para en 2026 pasar a 42 horas y, en 2028, a 40 horas. Con todo, las empresas pueden reducir la jornada a 40 horas en forma anticipada.

El 6 de mayo se presentó una indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Sala Cuna, eliminando la discriminación hacia las mujeres. Así, entre otros aspectos, elimina la restricción de un mínimo de 20 trabajadoras para acceder a este derecho, independientemente del tamaño de su empresa.

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El 15 de mayo de 2024, el Gobierno presentó el proyecto de ley que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo, con el objetivo de mejorar sueldos por la vía de dar prioridad a licitaciones que entreguen mayores ingresos para los trabajadores, además de asegurar condiciones de higiene y prevención a los trabajadores.

El 12 de junio de 2024 comienza la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca reforzar y proteger el derecho de las y los trabajadores a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por identidad de género, a no ser objeto de discriminación y a la integridad física y psíquica.

El Gobierno ratificó el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, con el objetivo de fortalecer los derechos de las y los trabajadores mineros, especialmente en relación con el derecho a la consulta y participación en las medidas de seguridad y salud. Este Convenio será depositado en Ginebra, en junio 2024.

Según la ley de reajuste al salario mínimo aprobada en 2023, luego de un acuerdo entre el Gobierno y la CUT, el 1 de julio de 2024 el sueldo básico aumenta a $500 mil.

El 1 de agosto de 2024 comienza a regir la Ley Karin. En concordancia con el Convenio 190 de la OIT, esta legislación establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo, entre otras normativas.

Próximamente se presentará el proyecto de Ley de Equidad Salarial, comprometido en el programa de Gobierno. La propuesta establece que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o un trabajo al que se le atribuye un mismo valor.

El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se comprometieron a desarrollar, durante el tercer trimestre, un diálogo tripartito para abordar la regulación de la negociación colectiva multinivel. Concluido este proceso, el Ejecutivo formulará una propuesta legislativa.