Nuestro Gobierno ha asumido la tarea de avanzar decididamente en lograr mejores pensiones para todas las personas, algo que por años los chilenos y chilenas han demandado. La reforma que proponemos tiene como principal objetivo reconocer el esfuerzo individual y garantizar mejores pensiones por medio de un sistema mixto (público/privado) en el que las personas podrán optar con libertad sobre qué entidades invertirán sus ahorros previsionales.

Entre los beneficios que principales está mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a $ 250.000, y crear un Seguro Social en el Pilar Contributivo que sea financiado con una cotización adicional de 6% de la renta imponible, de cargo del empleador, que mejorará las pensiones actuales y futuras, sobre todo, las jubilaciones de las mujeres, a través de diversos mecanismos solidarios.

Propone una reorganización de la industria previsional, sin la existencia de las AFP, y en el que convivan un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) con nuevos Inversores de Pensiones Privados (IPP), que sólo realizarán actividades de inversión. Asimismo, existirá el Administrador de Pensiones Autónomo (APA), entidad pública fortalecida que sucederá al actual Instituto de Previsión Social (IPS) y que asumirá las diversas actividades de soporte, como afiliación, recaudación, cobranza y pago de beneficios, entre otros.

El 25 de enero pasado la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 8 votos a favor, 4 en contra de la oposición y una abstención, la idea de legislar de la reforma de pensiones. De este modo, el proyecto de ley presentado por el Presidente Gabriel Boric cumplió con su primer hito legislativo y avanza ahora a la discusión en particular en la misma instancia legislativa.

La iniciativa ingresó al Congreso el 7 de noviembre de 2022. Luego en dos sesiones, los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel expusieron ante la misma comisión los documentos que acompañan al proyecto: el Informe Financiero y el Informe de Impacto Regulatorio.

Este último documento refleja que, junto con una mejora en las pensiones, la iniciativa legal, que se tramita con suma urgencia, también impacta positivamente en otras áreas como el empleo, el mercado de capitales local y en el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita del país.

Además, y a solicitud de la propia instancia legislativa, el Gobierno ha expuesto en tres sesiones más entregando estudios específicos. En ese sentido, el 20 de diciembre de 2022, presentó los beneficios que se obtienen con la separación de funciones entre inversores privados y público, que gestionen e inviertan los fondos de los afiliados, y un administrador público autónomo que se dedique a las labores de soporte (información a usuarios, cartolas, afiliación, pagos de pensiones, etc.); se revisaron las rentas económicas de las AFP, sus costos operacionales, gastos en soporte y en gestión de fondos, y sus márgenes de ganancias, entre otros aspectos de la industria actual.

En tanto, el 10 de enero, el Ejecutivo expuso el Informe de Evaluación de Sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones (FIP), y el martes 17 de enero, el Informe sobre tasas de reemplazo.

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