Desde la vuelta a la democracia, Chile ha impulsado políticas orientadas a la reducción de las brechas de género en el mundo del trabajo. Como se abordó previamente, nuestro país ha suscrito acuerdos internacionales e implementado normativas que benefician a todo el país en esta materia. Si bien el cambio tecnológico, la necesidad de una formación educativo-laboral atingente a las necesidades de las industrias y el auge de las nuevas economías han tensionado la incorporación laboral en general, sabemos que para el grupo de mujeres y jóvenes esta es una realidad que requiere continuidad con políticas públicas específicas que apunten a su mejora.
Un primer desafío es seguir promoviendo el diálogo social tripartito en la elaboración, definición e implementación de las medidas. Es sabido que cuando Estado, Empleadores y Trabajadores acuerdan sus necesidades, la efectividad de las políticas públicas mejora, y con ello el bienestar de las personas. En ese marco, la implementación de determinadas acciones requiere entregar una infraestructura institucional que provea el ingreso y la pertenencia de mujeres y diversidades al mundo del trabajo. Para ello, acompañar toda la trayectoria vital resulta fundamental.

Primero, propiciando una formación de habilidades que reconozca la trayectoria de las personas y permita una actualización permanente, en ello, reconocer la formación en el trabajo y avanzar en empleabilidad en sectores masculinizados o feminizados para todas las personas resulta fundamental para alcanzar la autonomía económica.

Segundo, entender la labor de cuidados como una responsabilidad de todos es también una condición necesaria para propiciar un ingreso laboral en mayor igualdad de condiciones. Para ello, seguir avanzando en medidas que propicien el reconocimiento del trabajo de cuidados por igual para hombres y mujeres, sólo beneficia el bienestar de cuidadores/as y de los propios niños, niñas y adolescentes.

Es así como el avance en la implementación de la reducción de la jornada laboral, la ley de conciliación y el proyecto de ley de sala cuna, resultan fundamentales.

Finalmente, no todo trabajo entrega un ambiente propicio para desplegar todas las capacidades de mujeres y diversidades. Avanzar hacia una cultura organizacional que provea el respeto y una mejora permanente de las condiciones de trabajo, es condición para que todas las personas puedan ejercer sus labores libres de violencia, acoso o discriminación por razones de género.

Proyectar una vejez con las mejores condiciones y reconociendo las trayectorias de las personas es también un componente primordial para la inclusión laboral y el bienestar. Los cambios demográficos tensionan nuestros sistemas de protección social, y con ello, es responsabilidad de toda nuestra sociedad hacer de nuestro país un espacio más seguro. Sin lugar a dudas, confiamos en el trabajo colaborativo que el diálogo social entrega para seguir avanzando en estas materias.