Diputados aprobaron proyecto de ley que permite la inclusión laboral para personas en situación de discapacidad.

La ministra Alejandra Krauss: “Esta ley nos abre el espacio hacia la justicia y para reducir las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país”.

Como un tremendo avance en materia de inclusión laboral e igualdad de oportunidades, calificó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, la aprobación en la de la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

La secretaria de Estado indicó que “La inclusión laboral de personas con discapacidad es un desafío pendiente en nuestro país y a través de esta iniciativa legal estamos iniciando una trayectoria que nos llevará a ser un país más integrado, en el que se valora y reconoce el aporte de las personas que poseen distintas capacidades”.

El proyecto establece un sistema de inclusión que apunta a que los organismos públicos, civiles y militares, y las grandes empresas privadas con 100 o más trabajadores, reserven al menos el 1% de la dotación de personal para personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez.

La medida se hará obligatoria en el caso de empresas de 200 o más trabajadores, que en el caso de Chile, representan al 55,5% del total de las relaciones laborales.

La iniciativa legal, que modifica la ley 20.422, incluye la modificación del Estatuto Administrativo, para establecer de manera explícita la prohibición de todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de discapacidad. “Junto a lo anterior, se modifica de la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, la cual se fija en 26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial”, enfatizó la ministra Alejandra Krauss.

En consideración al permanente cambio del mercado laboral y de la necesidad de adecuar el sistema de inclusión laboral a esta iniciativa, se incorpora formalmente la obligación de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar conjuntamente su cumplimiento cada 4 años.

Tras la aprobación del proyecto en la Cámara de diputados, ahora está en manos del Senado discutir la iniciativa.