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1 de Junio de 2020

“Ley corta” se publicó hoy en el Diario Oficial: Entran en vigencia modificaciones a la Ley de Protección del Empleo

-Quedó prohibido el reparto de utilidades en empresas acogidas a esta normativa y se aumentó el porcentaje para el cálculo y pago de cotizaciones de salud, al 100% de la última remuneración mensual percibida por el trabajador, durante la suspensión del contrato de trabajo.

Con la publicación en el Diario Oficial, entraron hoy en vigencia las modificaciones establecidas en la denominada “Ley Corta”, que complementa la Ley de Protección del Empleo y que, entre otros cambios, aumenta el porcentaje para el cálculo y pago de cotizaciones previsionales y de Salud durante la suspensión del contrato de trabajo; prohíbe expresamente el reparto de utilidades, y limita la dieta de los directores de las empresas que se acogieron a esta normativa.

La Ley de Protección del Empleo, en vigencia desde hace dos meses, permite que las empresas afectadas por un mandato sanitario que determine su paralización total o parcial, o por mutuo acuerdo, puedan suspender temporalmente sus actividades pagando los salarios a través del Seguro de Desempleo, pero manteniendo el contrato y todos los derechos laborales de sus trabajadores. A la fecha esta norma ha favorecido a unos 600 mil trabajadores de cerca de 100 mil empresas, principalmente micro y pequeñas.

La normativa establece además que los empleadores no pueden despedir a los trabajadores que estén con sus contratos suspendidos (a menos que se trate de causales objetivas, como mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, vencimiento del plazo del contrato o conclusión de la obra); que las reglas de suspensión no sean aplicables para las trabajadoras con fuero maternal y que, los efectos de estos pactos comiencen a regir a partir del día siguiente de su suscripción o, a más tardar, al primer día del mes siguiente de dicha suscripción.

Las modificaciones de la “ley corta” decretan también la prohibición del reparto de utilidades en firmas —incluyendo las que son parte de un grupo empresarial— que hubieren suspendido contratos de trabajo de sus trabajadores, y establece un límite a las dietas de los directores de sociedades anónimas abiertas, ajustando los porcentajes establecidos para el pago de prestaciones con cargo al Seguro de Cesantía, durante el período de la suspensión. Se prohíbe además que aquellas firmas controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial del 41 H de la Ley de Impuesto a la Renta, puedan acogerse a estos beneficios.

“Esta es una ley que ha demostrado ser positiva para los trabajadores en los tiempos difíciles que estamos viviendo y por ello, desde un comienzo, se establecieron fuertes sanciones para quienes intentasen hacer un mal uso de esta normativa. Dicho esto, es bueno recordar que, de verificarse la efectividad de cualquier denuncia, los infractores arriesgan penas de cárcel, el pago de multas que duplican lo entregado y la prohibición de poder contratar con el Estado por dos años”, dijo la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quién resaltó que se hayan potenciado las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo.

La “Ley corta” también aumenta el porcentaje para el cálculo y pago de cotización obligatoria de AFP y Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, tomando como base de cálculo para el pago el 100% de la prestación que esté recibiendo el trabajador a través del Seguro de Cesantía. Además, y respecto al resto de las cotizaciones de seguridad social (salud, Seguro Cesantía y Ley Sanna) establece que se tomará como base de cálculo para el pago el 100% de la última remuneración mensual percibida por el trabajador.

En cuanto a los trabajadores que prestan servicios en empresas esenciales o lugares que estén excluidos de la paralización por acto o decisión de autoridad, establece que estos también podrán pactar la suspensión convencional del contrato con sus empleadores, siempre y cuando los servicios que presten no sean fundamentales para la continuidad de las actividades de la empresa.

Sobre las pensiones de alimenticias, precisa que, durante la suspensión del contrato de trabajo, las prestaciones que se entreguen a trabajadores con cargo al Seguro de Cesantía serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% por ese concepto. En el caso del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, se establece que el complemento que se reciba con cargo al Seguro de Cesantía podrá ser embargado o retenido hasta en un 50% para el pago de pensiones alimenticias, y se autoriza al empleador a embargar o retener más del 50% de la remuneración que se pagará conforme al pacto de reducción.